La víctima resultó ser su exnovia, quien lo rechazó y eso se tradujo en golpes y abusos sexuales.
Un joven de 26 años fue condenado a la pena de 7 años de prisión efectiva por golpear a su expareja y abusar sexualmente de ella.
En la audiencia de debate a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, quedaron probados los hechos denunciados por la víctima en contra de Gaspar Ortiz.
La fiscal penal Verónica Simesen representó al Ministerio Público en el juicio que concluyó ayer en la Sala III del Tribunal de Juicio.
Ortiz fue considerado autor responsable de los delitos de «abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por violencia de género y por haber mediado relación de pareja en concurso real».
En el debate se estableció que la víctima mantuvo una relación de pareja con el acusado durante cuatro años y al momento de los hechos se encontraban separados desde hacía más de doce meses. Según la denunciante, el hecho ocurrió en junio de 2018, cuando regresaba a su domicilio y su expareja la aguardó en inmediaciones de una parada de colectivos.
Dijo que Ortiz la obligó a subir a su auto y que la llevó a su domicilio, donde la golpeó, la agredió verbalmente y la sometió sexualmente.
El acusado, al parecer, no pudo rebatir los cargos y la parte acusadora aseguró que se pudo constatar -por las ponencias- en la audiencia de debate que fue el acusado quien no aceptaba el fin de la relación que lo unió con la que finalmente fue su víctima. Se dijo que su asedio era constante por distintos medios e incluso se presentaba en los lugares que la mujer frecuentaba, en todos los casos con un comportamiento agresivo, informó el Poder Judicial en su página web.
Luego de analizar las pruebas y los alegatos de las partes (fiscal y defensor), la jueza Sanguedolce condenó a Ortiz a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas y lo absolvió de privación ilegítima de la libertad, planteada por la fiscalía como agravante.
En el mismo fallo, la magistrada ordenó que al condenado se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética
(DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.